La desastrosa propuesta ómnibus erosiona los compromisos de responsabilidad corporativa de la UE y recorta los derechos humanos y las protecciones ambientales.
Reacción de las organizaciones de la sociedad civil al Paquete Ómnibus de Simplificación.
El 8 de noviembre de 2024, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que presentaría una propuesta para modificar tres pilares clave del Pacto Verde Europeo mediante una ley ómnibus: la Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad corporativa (CSDDD), la Directiva sobre presentación de informes de sostenibilidad corporativa (CSRD) y el Reglamento sobre taxonomía. Ya en enero, 170 organizaciones que representan a miembros de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, sindicatos y activistas climáticos condenaron conjuntamente la ley ómnibus prevista. Muchas otras voces destacadas de una amplia variedad de sectores también se opusieron públicamente a la propuesta, como lo demuestra la avalancha de declaraciones públicas y cartas enviadas a la Comisión Europea en las últimas semanas.
El miércoles 26 de febrero 2025, la Comisión Europea dio a conocer el Paquete Ómnibus de Simplificación, que revisa las leyes fundamentales de sostenibilidad corporativa. Tal como fueron aprobadas, estas leyes imponen una conducta empresarial responsable, responsabilizan a las corporaciones por violaciones de los derechos humanos y daños ambientales y facilitan el acceso a la justicia para las víctimas. También buscan mejorar la transparencia en los informes de sostenibilidad y proporcionar orientación para las inversiones sostenibles. Estas medidas son cruciales para la ambición de la UE de convertirse en el primer continente climáticamente neutro para 2050.
En respuesta a la propuesta Ómnibus, Más de 300 organizaciones de la sociedad civil, incluida CIDSE, emitieron una declaración instando al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo a revisarlo sin ninguna enmienda destinada a debilitar la CDSDD.Los debates sobre la CDSDDD deberían limitarse estrictamente a medidas interpretativas, como orientaciones y actos delegados, mientras que el texto de la ley debe permanecer inalterado.
La propuesta ómnibus amenaza con eliminar muchas disposiciones esenciales de la CDSDDD, volviéndola prácticamente ineficaz. Además, aplazaría un año la transposición de la Directiva por parte de los Estados miembros de la UE.
De implementarse, algunos de los impactos serían:
- La responsabilidad civil recae en gran medida en los Estados miembros de la UE, con el riesgo de reducir el acceso a la justicia para las víctimas. Se eliminan las acciones representativas, lo que impide que las ONG y los sindicatos ayuden a las víctimas en los tribunales. Sin la disposición obligatoria primordial, los tribunales de la UE pueden favorecer las leyes locales frente a las nacionales, lo que compromete la eficacia de la responsabilidad civil.
- Las empresas sólo deben evaluar los daños vinculados a los socios directos, limitando drásticamente la cadena de valor.
- No existe obligación de implementar Planes de Transición Climática, lo que crea un vacío legal donde las empresas teóricamente pueden cumplir elaborando planes sin tomar acción.
- Los Estados miembros no pueden crear normas en materia de derechos humanos y medio ambiente ni mecanismos de reclamación más ambiciosos que los incluidos en la Directiva.
- Las empresas ya no están obligadas a rescindir contratos en situaciones de abuso persistentes.
- La participación de las partes interesadas se limita a aquellas afectadas “directamente”, con exclusión de grupos como los consumidores y las ONG. Ya no es necesario consultar a las partes interesadas pertinentes para desvincularse o realizar un seguimiento.
- La frecuencia de control de la eficacia de la diligencia debida se reduce de anual a quinquenal. Se elimina el límite mínimo de sanciones del 5 % del volumen de negocios, lo que podría dar lugar a sanciones más bajas y crear desventajas competitivas entre los Estados miembros.
- La Comisión no está obligada a revisar la necesidad de normas de diligencia debida en los servicios financieros y las actividades de inversión en el futuro.
Para más detalles y ver la lista completa de firmantes, lea el sitio web de la sociedad civil. declaración conjunta.
Lectura adicional:
– La Comisión Europea legt Kettensäge an die Lieferkettenrichtlinie, Misereor, 26 de febrero de 2025.
– Europa abandona el deber de cuidado y abre la puerta a la explotación y la contaminación, Broederlijk Delen, 26 de febrero de 2025.
– Carta abierta: Alerta de las organizaciones de la sociedad civil francesa sobre la propuesta de legislación dite «Ómnibus», CCFD-Terre Solidaire y 20 organizaciones de la sociedad civil francesa envían una carta abierta a Stéphane Séjourné, Vicepresidente Ejecutivo de la Unión Europea, 25 de febrero de 2025.
– La desregulación es la falta de respuesta de Trump, Opinado por Wies Willems, Broederlijk Delen, publicado en Knack Magazine, 10 de febrero de 2025.
– ¿Revertir el Pacto Verde Europeo? Omnibus-Verordnung droht EU-Lieferkettenrichtlinie auszuhöhlen, Documento informativo de Armin Paasch, Misereor, para la iniciativa alemana Lieferkettengesetz, 13 de febrero de 2025.
– Le recul de la Commission européenne sur le devoir de vigilance européen revient à affaiblir la lutte contra les abus des multinacionales, Opinado por Virginie Amieux, CCFD-Terre Solidaire, Carolina de Moura, Institut Cordilheira y Dominique Potier, parlamentaria francesa, publicado en Le Monde el 1 de febrero de 2025.
– propuesta ómnibus creará una gran confusión y reducirá la protección de las personas y del planetaDeclaración conjunta de la sociedad civil a la Comisión Europea, 14 de enero de 2025.
– Proteger a las personas, la naturaleza y la democracia en las regulaciones de la UECarta de la sociedad civil a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von Der Leyen, 13 de enero de 2025.
Contacto: Susana Hernández Torres, Responsable de Regulación Corporativa, CIDSE (hernandez(at)cidse.org)
Foto: Organizaciones de la sociedad civil protestan frente a la Comisión Europea contra el Reglamento Ómnibus. Créditos: Amigos de la Tierra Europa (FoEE).