“Este artículo se publicó originalmente el 20 de agosto de 2024 en sitio web de CAFOD, organización miembro de CIDSE en Inglaterra y Gales”.
Cajamarca es un paraíso natural en el corazón de Colombia, rodeado por las altas y verdes montañas de los Andes. Es una zona ecológicamente hermosa y extremadamente sensible. También es tierra agrícola histórica, vital para la producción de agua y alimentos: sus cultivos se transportan y venden a otras ciudades y territorios de la nación sudamericana.
En marzo de 2017, un abrumador 98 por ciento de la población de Cajamarca, Colombia, votó en la Consulta Popular para proteger sus fuentes de agua y sus medios de vida rechazando la minería en la zona.
La Consulta Popular es una consulta popular jurídicamente vinculante. La comunidad de Cajamarca, unida, detuvo los planes para construir lo que podría haber sido la mina de oro a cielo abierto más grande de América Latina (La Colosa), propuesta por una de las empresas mineras más grandes del mundo: AngloGold Ashanti.
El mandato de la votación tiene una fuerte base constitucional y de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, pero las autoridades colombianas y la corporación minera todavía disputan la validez de los resultados.
Consulta Popular bajo amenaza desde el inicio
Poco después de que Cajamarca votara en contra del proyecto minero, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia rechazó públicamente el resultado. En 2018, tras las presiones de la industria, la Corte Constitucional colombiana revirtió su posición original y falló en contra de las consultas jurídicamente vinculantes en el contexto de la “actividad extractiva”.
La Corte ordenó que las futuras consultas populares no puedan intervenir en las decisiones sobre la extracción de los recursos del subsuelo. Sin embargo, la Corte Constitucional no se refirió a Cajamarca porque las decisiones de la Corte no pueden aplicarse retroactivamente.
Una saga de siete años de lucha
En el último año, dos juzgados municipales Determinó que los resultados de la consulta siguen siendo jurídicamente vinculantes. y deben cumplirse. Estas dos decisiones, tomadas en menos de seis meses, son un respaldo a la democracia ambiental.
Para COSAJUCA (Colectivo Socio Ambiental Juvenil de Cajamarca), las decisiones del tribunal “garantizan que el mandato popular [de 2017] es legal y válido […] y se convierte en un claro llamado a las instituciones nacionales para implementar sus resultados, tomando las decisiones necesarias en materia de permisos ambientales y concesiones mineras”.
| Acerca de COSAJUCA COSAJUCA es una organización local que aboga por la justicia ambiental y los derechos humanos en la región del Tolima. Trabajan para proteger el agua, los páramos (un hábitat de humedales precioso y único) y sus derechos territoriales. Los acompaña SIEMBRA, socio de CAFOD, una ONG que trabaja por la defensa de los derechos ambientales y humanos en Colombia. |
Sara Moreno, abogada de SIEMBRA, explica que aunque la Consulta Popular fue una victoria democrática, es necesario seguir luchando para defender los resultados de la consulta y su implementación.
“El balance general es que después de siete años de la Consulta Popular en Cajamarca, la consulta jurídicamente vinculante sigue siendo un ejemplo de movilización ciudadana para detener un proyecto minero, pero sigue siendo una lucha que no terminó con la consulta”.
Sara Moreno, abogada de SIEMBRA
Durante los últimos siete años, además de liderar campañas de defensa para crear conciencia sobre su causa, SIEMBRA ha trabajado junto a la comunidad de Cajamarca para luchar contra futuras actividades mineras propuestas.
Mantener viva la resistencia
Además de las batallas legales, Sara destaca la necesidad de mantener vivo el espíritu de resistencia dentro de la comunidad.
En 2023 las estrategias de incidencia de SIEMBRA tuvieron un enfoque nacional e internacional. En 2024 las actividades previstas también incluyen iniciativas locales: colocación de placas en arroyos para recordar a la comunidad la importancia de las fuentes de agua clave que están defendiendo del proyecto minero; organización de protestas pacíficas; desarrollo de campañas internas; capacitación a la comunidad para luchar por el reconocimiento de sus derechos.
El caso de la consulta popular en Cajamarca es un ejemplo emblemático de democracia participativa. La Consulta Popular es un ejemplo positivo para otros países en cuanto a la protección de los derechos de las comunidades frente a los intereses corporativos y la protección de Nuestra Casa Común.
| ¿Qué es un Amicus Curiae? En julio, CIDSE, CAFOD y otras organizaciones católicas de justicia social de Europa y América del Norte presentaron un Amicus Curiae (un asesor imparcial de un tribunal de justicia que ofrece información, experiencia o perspectiva que tiene relación con los temas del caso) a un Tribunal Municipal de Colombia para reiterar la importancia de adoptar los resultados de la consulta popular jurídicamente vinculante (La Consulta Popular) celebrada por la comunidad de Cajamarca, Colombia, en 2017. |
Información Adicional:
El trabajo de CAFOD en Colombia Se centra en la construcción de paz, los derechos humanos, el cuidado de la Casa Común y la violencia de género.
Contacto: Claudia Navarro, Oficial de Comunicaciones, América Latina y el Caribe, CAFOD (cnavarro(at)cafod.org.uk)
Foto de portada: Agricultores con cultivos de arracacha. Crédito: Siembra/CAFOD