En Piquiá, los habitantes de Brasil han enfrentado desastrosos impactos en la salud causados por la contaminación ambiental y acústica emitida por la industria minera y siderúrgica. Aunque la situación ha sido denunciada durante años, permanece impune. Las comunidades afectadas buscan reparaciones por daños y el cumplimiento de la legislación ambiental de Vale, Viena Siderúrgica, Gusa Nordeste, Aço Verde Brasil y Cimento Verde Brasil (los tres últimos forman parte del Grupo Ferroeste).
En diciembre, 7-9, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Sustancias y Desechos Peligrosos para los Derechos Humanos, Baskut Tuncak, realizó una visita de campo a Piquiá, y en los próximos días interrogará a las autoridades estatales y federales sobre el caso. El Relator Especial está en condiciones de alertar a los organismos de la ONU sobre las violaciones encontradas en la comunidad de Piquiá y formular recomendaciones.
Frente a la indiferencia nacional, la sociedad civil cuenta con el Relator para presionar a las autoridades brasileñas para que refuercen y apliquen efectivamente la legislación ambiental existente. El Tratado sobre empresas y derechos humanos en negociación en el CDHNU sería una herramienta poderosa para apoyar al relator y a las comunidades afectadas en sus reclamos de justicia.