Las organizaciones de la sociedad civil de 130 hoy (13 junio 2016) pidieron a la Unión Europea que no desaproveche una oportunidad única para desempeñar su papel en la lucha contra el conflicto en el comercio de minerales.
Actualmente, las empresas están trayendo minerales por valor de miles de millones de euros a Europa cada año sin verificar si han financiado conflictos o abusos contra los derechos humanos. Estos minerales pueden llegar a productos cotidianos como teléfonos móviles, computadoras portátiles, automóviles y bombillas. Las organizaciones de la sociedad civil han documentado los vínculos entre minerales, conflictos y abusos contra los derechos humanos durante muchos años, desde el papel de los minerales en la financiación de grupos armados violentos hasta el uso de trabajo infantil en las minas.
La carta de la sociedad civil hace una solicitud simple: que la UE exija a las empresas europeas que actúen con el debido cuidado al comprar minerales o productos que puedan estar vinculados a conflictos o abusos de los derechos humanos. La UE ha adoptado leyes equivalentes en otros sectores, desde alimentos hasta servicios financieros. Esta convocatoria también está totalmente en línea con las normas internacionales existentes a las que los Estados miembros de la UE se suscribieron hace años.
Pero en lugar de hacer coincidir su retórica sobre negocios responsables con la acción, los Estados miembros de la UE han tratado de liberar a la mayoría de las empresas europeas al favorecer una ley que se aplicaría solo a un pequeño número de empresas europeas que compran minerales en su forma cruda, mientras que completamente ignorando la gran cantidad de empresas que traen minerales a la UE en productos. Para empeorar las cosas, una propuesta de los Estados miembros en diciembre pasado socava los estándares muy internacionales de la OCDE que se comprometieron a defender, al reducir significativamente los controles requeridos por ciertas compañías cubiertas por la ley.
Si los Estados miembros imponen estas demandas al Parlamento Europeo, ya que este último votó previamente por una propuesta mucho más sólida, la ley probablemente tendrá poco impacto significativo. La mayoría de las empresas en Europa se quedarán con sus propios dispositivos, lo que les permitirá elegir si actuar o no de manera responsable al comprar estos minerales o productos. Los límites de este enfoque son bien conocidos: las estadísticas ampliamente publicitadas muestran que muy pocas empresas en Europa están optando por hacer estos controles. En reconocimiento de esto, varios países del mundo, desde la República Democrática del Congo hasta los Estados Unidos, han aprobado leyes para regular este comercio.
La Unión Europea corre el riesgo de socavar los estándares internacionales y los esfuerzos para abordar un problema global. Lo que es más importante, esto decepcionaría a las comunidades locales que sufren diariamente la violencia y el abuso asociados con los minerales en conflicto. Mientras tanto, las empresas europeas continuarían beneficiándose de este comercio mortal.
Lee la carta abierta aquí.