Hace un año, una de las catástrofes más devastadoras en el sector textil ocurrió en Bangladesh. Los trabajadores de la fábrica de ropa 1134, principalmente mujeres jóvenes, murieron y muchos más resultaron heridos en el colapso del edificio Rana Plaza en Dhaka.
Para los ciudadanos y consumidores en Europa, América del Norte y otros lugares, el desastre puso cara a las personas y sus condiciones de trabajo detrás de las etiquetas "Made in" en nuestra ropa.
Se hizo urgente nuestro llamamiento a los responsables políticos para que actúen para garantizar que las empresas respeten los derechos humanos en sus operaciones en todo el mundo y que las víctimas de la injusticia tengan acceso a recursos. En algunos países, se han tomado iniciativas. En Francia, por ejemplo, los parlamentarios han propuesto establecer un deber de cuidado para las corporaciones multinacionales para evitar daños.
Pero para que coincida con la realidad de las estructuras corporativas globales y las relaciones comerciales de hoy en día, se necesitan más pasos. Varios gobiernos han propuesto avanzar en la protección de los derechos humanos y la responsabilidad corporativa, abriendo un diálogo a nivel internacional en vista de la sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio 2014.
Una gran parte de nuestro trabajo consiste en apoyar a las comunidades afectadas por violaciones continuas y graves de los derechos humanos en el contexto de las actividades comerciales. La sociedad civil y las voces de la Iglesia en todo el mundo exigen respuestas más efectivas. Si queremos ver reducciones a gran escala en casos de abusos de los derechos humanos como resultado de actividades comerciales, es importante avanzar en paralelo tanto a nivel nacional como en las discusiones sobre la regulación internacional.