América Latina: los Estados deben tomar medidas concretas para que las operaciones comerciales no violen los derechos humanos - CIDSE

América Latina: los Estados deben tomar medidas concretas para garantizar que las operaciones comerciales no violen los derechos humanos

Los días 17 y 18 de marzo, las organizaciones socias de CIDSE participaron en un diálogo regional en Bogotá, Colombia, sobre planes de acción del gobierno nacional sobre empresas y derechos humanos. La discusión se produjo una semana después de una reunión de gobiernos en Ginebra organizada por Ecuador, sobre una iniciativa para fortalecer los instrumentos internacionales para prevenir la participación de las empresas en abusos contra los derechos humanos.

Las organizaciones socias de CIDSE, Federación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) e Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú, y la Fundación Jubileo de Bolivia, se reunieron con representantes de la sociedad civil, gobiernos, organizaciones internacionales y empresas en un Diálogo organizado por la Mesa Redonda Internacional de Responsabilidad Corporativa y el Instituto Danés de Derechos Humanos, en el contexto de su proyecto "Planes de acción nacionales: estrategias estatales para la implementación de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos."

Desde la adopción de la Principios rectores por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2011, la implementación a nivel nacional ha sido muy lenta. Y, sin embargo, existe una urgencia, porque un gran número de comunidades e individuos están sufriendo abusos ahora como resultado de la actividad empresarial en América Latina y en otros lugares. Hay casos continuos en los que las operaciones de las empresas han violado una serie de derechos humanos, incluidos los derechos laborales y los derechos a la tierra, los medios de vida, la salud, un medio ambiente limpio y la protesta pacífica.

En 2012, en el contexto de la ausencia de procesos de consentimiento efectivo con las comunidades afectadas, se llevaron a cabo una serie de protestas relacionadas con proyectos extractivos, incluidos los de la empresa anglo-suiza Glencore Xstrata, en regiones indígenas de Perú, en particular Espinar y Cajamarca. Estuvieron marcados por detenciones, amenazas de cargos legales contra organizaciones que investigaban abusos a los derechos humanos y varias muertes, y llevaron a la declaración del estado de emergencia. 

En noviembre de 2013, un trabajador y sindicalista de Nestlé fue asesinado en Colombia, haciéndose eco de un caso similar en 2005 en el que se alegaba que los altos directivos de la empresa no utilizaron los recursos a su disposición para evitar el asesinato. En lo ultimo caso, una denuncia penal presentada en Suiza contra Nestlé fue desestimada en diciembre de 2013, destacando la continua negación del acceso a la justicia y la importante cuestión de la jurisdicción extraterritorial.

Dado que la situación ha empeorado aún más debido a algunas medidas desde 2011, existe una creciente demanda por parte de la sociedad civil y las voces de la Iglesia en los países afectados de todo el mundo de respuestas eficaces. Los Principios Rectores de la ONU establecen claramente que los impactos empresariales requieren una “combinación inteligente” de respuestas políticas que va más allá de un enfoque voluntario de responsabilidad social corporativa e incluye regulación. Sin embargo, en varios países, los Estados son débiles en relación con las empresas poderosas y, en muchos casos, el cabildeo de las empresas impide o debilita la regulación. Otra tendencia preocupante ha sido que aquellos cuyos derechos se ven más afectados por las actividades transnacionales no participan en los debates nacionales sobre cómo deberían aplicarse los Principios Rectores. 

La voluntad política es el ingrediente esencial para garantizar que se produzcan menos abusos de los derechos humanos como resultado de las actividades comerciales. Junto con la aplicación de las leyes existentes, los Estados deben hacer más ahora para traducir los tres pilares de los Principios Rectores - el deber del Estado de proteger, la responsabilidad corporativa de respetar y el acceso a la reparación - en acciones significativas. Esto debe comenzar con una evaluación exhaustiva de la idoneidad de los marcos legales y políticos y una estrategia o plan claro para abordar las brechas, desarrollado con aportes genuinos de la sociedad civil y las empresas. Por ejemplo, los gobiernos deberían introducir requisitos para la debida diligencia, revisando y mejorando el acceso a la justicia ahora como parte del proceso de implementación. 

Al mismo tiempo, reconociendo las lagunas en los Principios Rectores, CIDSE apoya el desarrollo de un proceso intergubernamental hacia un tratado internacional vinculante. Si vamos a ver reducciones a gran escala en los casos de abusos de los derechos humanos como resultado de las actividades comerciales, es importante avanzar en ambos enfoques en paralelo, basándose en los esfuerzos realizados hasta la fecha.

 

 

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